Por Hedelberto
López Blanch
Las manifestaciones masivas que se han realizado en las
últimas semanas en las ciudades colombianas están relacionadas con el grado de
abandono y hambre que ha llevado a la población de ese país, el Tratado de
Libre Comercio (TLC) firmado el pasado año con Estados Unidos.
Prácticamente no ha quedado lugar en toda la geografía del
territorio andino que no haya sentido los efectos desastrosos producidos por el
TLC, acuerdo que termina la obra emprendida por gobiernos anteriores de llevar
al infinito el sistema neoliberal y de privatizaciones impulsado por
Washington, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El poco tiempo transcurrido han dado la razón a los analistas
que predijeron que con la entrada en vigor del Tratado, el 15 de mayo de 2012,
se aceleraría la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentaría la privatización de servicios
esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementaría la desigualdad y el trabajo
precario; se reduciría la producción
alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados
Unidos, y, sobre todo,
se perdería la soberanía económica
y política de
la nación.
El esfuerzo por firmar ese pacto neoliberal comenzó con el
anterior gobierno de Álvaro Uribe, quien convirtió su adopción en una verdadera
paranoia, política que continuó el presidente, Juan Manuel Santos.
Las actuales huelgas, manifestaciones y bloqueos de
carreteras han superado a las ocurridas los meses de febrero-marzo pasados y se
han caracterizado por la masividad y combatividad llevada a cabo por
campesinos, productores agrarios y sectores solidarios como los de la salud, el
transporte y la educación.
En más de 25 departamentos, pequeños productores de papa,
leche, café, cebolla y otros alimentos, detuvieron sus actividades laborales y
salieron a protestar contra el daño que les ha hecho el Tratado de Libre
Comercio, la entrega de grandes extensiones de terreno a las transnacionales
mineras y la poca ayuda recibida del gobierno para tratar de subsistir.
Debido a las ventajas que otorga el TLC a las grandes
compañías foráneas, con la consecuente baja de las producciones nacionales, el
gobierno importa grandes cantidades de carne, pollo, leche, cebolla, café,
arroz, maíz.
Entre los lugares que más se han destacado en exigir los
justos reclamos, aparecen Boyacá, Nariño, Catatumbo Cundinamarca, Antioquia,
Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, Casanare,
Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Huila y Tolima.
Pero el
‘democrático’ gobierno de Santos
ha respondido a las demandas como su predecesor, Álvaro Uribe, es decir,
con la militarización de las principales vías terrestres y la
represión policial y militar contra los movilizados.
Días antes del paro,
las autoridades lanzaron una fuerte campaña para atemorizar a la
población, y anunciaron por todos los
medios de comunicación que ejecutarían un
“operativo contundente” con el
ejército y la policía para contrarrestar a los “revoltosos”. Las amenazas resultaron ciertas pues han
utilizado contra los participantes, todo
tipo de armas y gases lacrimógenos,
además de detener a dirigentes
y manifestantes.
No es menos cierto que la represión, la poca información en el país sobre las
protestas y la prohibición a los manifestantes (por parte del ejército) de
trasladarse de un departamento a otro para coordinar las acciones, han logrado controlar por la fuerza
la extensión de esa lucha.
Tras la vigencia del Tratado, hubo un desenfrenado aumento de
las importaciones; se controlaron las inversiones y disminuyeron las
producciones nacionales; los mercados se
llenaron de mercancías baratas provenientes del exterior, todo lo cual impulso la ruina de los
campesinos, mineros, camioneros
y pequeños empresarios.
Pero expliquemos un poco el intríngulis del TLC
entre Washington y Bogotá. Sus
1.531 páginas, con numerosos acápites,
una vez aprobados, se
convirtieron en ley regida por lineamientos internacionales y por
tanto ningún organismo del Estado colombiano tendrá derecho a aprobar algo que
contradiga su texto (!). Sólo el
todopoderoso Estados Unidos podrá realizar modificaciones, y
siempre (las hará) a su favor.
Asimismo, al firmar el
capítulo de Propiedad Intelectual,
Colombia se comprometió a regirse por otros cuatro acuerdos
internacionales que favorecen la penetración y libre movimiento de las
transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que responder por
reclamaciones ambientales, despidos laborales y
violaciones de derechos humanos.
Como resultado se incrementaron las llegadas de capitales
foráneos en todos los sectores de la economía y la sociedad: empresas,
bancos, minería, electricidad,
telefonía, salud, alimentos,
educación, medio ambiente (flora,
fauna, agua).
A mediados del pasado mes de julio, un informe oficial, detallaba que en los últimos años se han
privatizado el Banco Popular y el Colpatria;
casi todas las grandes y medianas industrias estatales; las empresas eléctricas de Boyacá, Pereira, Cundinamarca, Santander,
Norte de Santander, Meta y
Termocandelaria; la minería e
inmobiliaria, servicios de agua
potable, alcantarillado, la salud,
seguros y educación…
A la par, se han entregado
-a precios irrisorios-, grandes
extensiones de terreno para la extracción de minerales, construcción de hidroeléctricas con las
consecuentes afectaciones a los pobladores originales y al
medio ambiente.
Sabia resultó la
decisión de varios gobiernos latinoamericanos de oponerse, durante la 3ª.
Cumbre de las Américas efectuada en Argentina,
en 2005, a la llamada Área de
Libre Comercio (ALCA) para la región,
que propugnaba Estados Unidos.
Y, a la vista está, lo nefasta que ha sido la aprobación de TLCs
por parte de Chile,
Colombia, Perú y
otros gobiernos.
Quienes han salido perdiendo son los pueblos, que hoy se levantan mostrando en sus manos sus reclamos.
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