Sociedad
Homo et Natura
Es muy
importante precisar de entrada a este escrito que las haciendas y parcelas que
se vienen entregando al pueblo Yukpa por el Gobierno Nacional y la Gobernación
del Zulia son parte sustancial de su territorio originario, son una pequeña porción
de su espacio físico cultural por el cual caminaban y caminan 500 años antes de
la llegada de Cristóbal Colon a América. Y que el Estado Gobierno tiene la
obligación por mandato legal, sean ellas
leyes internas e internacionales, de entregárselas para que ellos vivan en paz
de acuerdo a sus usos y costumbres.
No es que ese
territorio original (donde estaban las haciendas invasoras) entiéndase bien es
ahora propiedad del Estado Gobierno en una de sus modalidades, a saber la
Gobernación del Zulia, el INTI, o el MAT, o el Ministerio Indígena, o la
Vicepresidencia de la República, y por tanto éste se guarda para si la
propiedad de las mismas; y ahora los indígenas Yukpa deben lo tanto someterse a
un comodato de tierra y a un plan técnico productivo socialista de leche y
carne, y algunos rublos agrícolas para producir los mismos litros de leche y kilos
de queso y carnes como lo hacía los hacendados invasores a fuerza de créditos.
Crasa ignorancia. Esto es puro pensamiento colonial de la época de los Padres
Capuchinos de Navarra. Ya la Sierra y sus habitantes originarios no están
sometidos a los Convenios del Estado con la Santa Sede ni a la Ley de Misiones.
Los pueblos
indígenas y la Sierra como su hábitat están sometidos al derecho nacional e
internacional. Por esta razón hace unos pocos días el 2 este mes y año le dio
la vuelta al mundo la noticia que el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de las Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre
los informes periódicos 19º a 21º de la República Bolivariana de Venezuela,
aprobadas por el Comité en su 83º período de sesiones (12-30 del agosto de
2013) manifiesta:
17. El Comité expresa gran preocupación
por los graves hechos de violencia ocurridos en la Sierra de Perijá, en los que
ha habido enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de las tierras de esta
zona. El Comité lamenta que mediante tales hechos se ha atentado contra la vida
e integridad física de miembros del pueblo Yukpa, entre los cuales destaca el
homicidio del Cacique Sabino Romero y otros miembros de su familia y del
referido pueblo y que tales hechos sean consecuencia de la falta de demarcación
de la tierra (art. 5, inc. b y
art. 6).
El Comité recomienda que el Estado parte realice una investigación
exhaustiva sobre los hechos de violencia que afectan al pueblo Yukpa y
particularmente de los homicidios acaecidos en miembros de esta comunidad. El
Comité urge al Estado parte para que juzgue tanto a los autores materiales como
intelectuales de estos hechos. El Comité exhorta al Estado parte para que tome
las medidas necesarias para prevenir los actos de violencia en esta zona,
incluyendo los mecanismos necesarios para acelerar la demarcación de la tierra
y territorios de los pueblos indígenas.
En estos
espacios “devueltos” nada se puede imponer. Ningún modelo socialista o
capitalista productivo o socioproductivo preconcebido puede desarrollarse en esos
espacios aún estén preñado de buenas intenciones. Hacerlo sería una aberración
ética, jurídica e intelectual, así como política. Sería continuar con la
política colonial de asimilación del indígena a la sociedad nacional y al
sistema productivista de turno, tal como se caracterizó en la llamada cuarte
república los gobiernos de Acción Democrática y Copey.
Es el pueblo
Yukpa el único que puede decidir y acordar su destino y por lo tanto lo que va
hacer o no en estas haciendas o parcelas recuperadas a sangre y fuego, ya sea
pagando encierros en el Reten de Machiques, en el Fuerte Macoa, la cárcel de
Trujillo, o protestando en las calles todo el día pese a la conspiración de sus
hermanos indígenas asimilados tarifados,
ganaderos, parceleros y políticos de la oposición y oficialistas; así
como el Ministerio Público, los órganos militares y policiales asentados en
Machiques y el Zulia en general. Fue la sangre Yukpa como la de Guaicaipuro en
su tiempo y circunstancias lo que obligó al Gobierno a través de la Asamblea
Nacional a aprobar el dinero para el pago de las bienhechurías de las
haciendas. Fue la sangre ofrendada de Sabino y Alexander, el dolor de sus
familias y la movilización de tantos indígenas irreductibles y aliados
organizados.
La
representación soberana del pueblo Yukpa descansa en las familias de cada una
de las comunidades de cada uno de los sectores ubicados en las cuencas de los
ríos que conforman el territorio Yukpa, no en los desprestigiados tarifados
Caciques Mayores de los llamados y promovidos Centros Pilotos, ni menos aún en
las funcionarias o en los funcionarios Yukpa del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas. O en metaagrupaciones indígenas administrativas
improvisadas a partir del sentido común o esquemas gerenciales.
No podemos
intervenir a las comunidades indígenas sin saber cuál será el resultado final,
el impacto, su entropía. No podemos acelerar ningún proceso fuera del tiempo
Yukpa.
El impacto que
se generó a partir del contacto Yukpa-Padres Capuchinos, colombianos y ganaderos,
y la reducción de su hábitat, generó un impacto que aún lo estamos pagando, en
especial ellos, el pueblo Yukpa. Hay que preguntarse qué quiere el Gobierno conseguir
con ese plan socio productivo. Qué que busca o que quiere sea ahora sea el
Yukpa, un hacendado acaso, un granjero, un campesino productivo. Todo proyecto económico,
más si es integral, trae un impacto en lo social y en la cultural. En el alma.
La estructura a
crearse debe ser lo más parecido a su estructura social y a su funcionamiento.
No a lo que crean los Caciques Mayores o los más a culturados con o sin cargos en
el Estado. Hay que trabajar codo a codo con las familias agrupadas por
comunidades y sus familias aliadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario