lunes, 14 de octubre de 2013

Cianuro en gotas XVII

Por: Alberto Nolia
Buena parte del impacto en la opinión pública por la captura de Edgardo Parra, ya ex alcalde de Valencia, se perdió por el extraño manejo del caso. El Estado no informó sobre el tema, no dijo quiénes eran los detenidos y, sobre todo, se dejó en libertad a los aprehendidos. La posterior captura de Parra, horas después de que diera declaraciones a los medios, dio pábulo a las murmuraciones y rumores. En Carabobo, donde el asunto marca la agenda, la gente dice que ya Parra negoció con los factores de poder carabobeños y que, a cambio de su silencio, no tocarán a su familia. La enorme base chavista de ese estado, donde todas las alcaldías menos la de dos municipios sifrinos (San Diego y Naguanagua) están en manos de revolucionarios, no habla de otro asunto y asegura que allí todo es ñemeo, incluyendo que el ex gobernador Salas Feo, su apá y otros familiares no sólo están libres, si no que no los investigan siquiera.

La ley habilitante debe servir para crear instituciones mejores que las actuales para luchar contra la corrupción. Según la misma página web del Ministerio Público, hace tres años había 54 fiscalías con competencia en delitos contra el patrimonio público. Hoy hay apenas 50. Eso da idea de cuánta importancia le da al tema la señora Luisa Ortega Díaz. Los crímenes de esa naturaleza son engavetados por los fiscales, previa recepción de los “argumentos” jurídicos de muchos pesos. En todo caso, se requiere que sea una institución diferente a la actual la que impute por esos delitos, pues ya se sabe cómo se comporta el MP ante un cañonazo de 50 mil dólares.
La oposición está jugando tan duro que parece que no tienen intención de participar en las elecciones del 8D o, cuando menos, sus resultados les tienen sin cuidado. La realidad es que la Mesa de la Unidad prácticamente no participa en las reuniones con el CNE, a las que ni siquiera acude, ni envía técnicos a las auditorías. Paralelamente se aprecia que la MUD cada vez más patrocina o aúpa grupos desestabilizadores, que arman guarimbas. Todo ello sin olvidar la pieza central de su estrategia, que es presionar el alza de precios y generar desabastecimiento.
En las bases chavistas, a pesar de que los medios del Estado no hacen campaña sobre el asunto, cada vez más personas culpan a la oposición por el desabastecimiento y reconocen que el gobierno, con más o menos éxito, intenta desbaratar los planes opositores para dejar al país sin alientos y otros productos esenciales. Un tema del que no hablan los medios es el juicio incoado en Colombia contra Henrique Capriles, el Enchufado Oral, y Álvaro Uribe Vélez. Un abogado colombiano, Aurelio Jiménez Callejas, denunció a esos dos delincuentes ante la justicia colombiana, por haber conspirado para que los empresarios colombianos no enviaran a Venezuela una lista de rubros estratégicos, mientras Capriles se encargaría de que los empresarios venezolanos no importaran esos artículos. Capriles se reunió con el narcotraficante Uribe el 25 de noviembre de 2011 en el Hotel Dan Carlton de Bogotá. Allí diseñaron la estrategia desabastecedora. Uribe y sus mediopollos se reúnen frecuentemente con capos opositores criollos para darle seguimiento al plan. Esos encuentros son secretos y sólo se sabe de ello cuando hay filtraciones en los medios, habitualmente por la torpeza de los escuálidos criollos que creen que en Colombia no los conoce nadie y pueden exhibirse públicamente.
En la lucha contra la especulación, hace un daño terrible que altos funcionarios den declaraciones absurdas, falaces e increíbles. Por ejemplo, cuando anuncian medidas contra la especulación de las aerolíneas casi un año después de que éstas multiplicaron hasta por 7 el valor de los pasajes internacionales, “justificándolo” por una devaluación del 46 por ciento. Eso sucedió en febrero, pero en octubre saltan los burócratas que cobran de las empresas de transporte aéreo, anunciando “oportunas” acciones. A pesar de que el alza de precios de ese servicio afecta a un porcentaje no demasiado elevado de los venezolanos, tiene un efecto devastador sobre la economía. Quienes compran los boletos, que incluye a los comerciantes, al ver los precios deciden hacer lo mismo con los productos que ellos venden. Porqué IberiaAmerican Airlines, Tap o Air France van a llenarse con la especulación y yo no, se dicen los empresarios.
Otra situación altamente preocupante es la proliferación de actividades de los paramilitares colombianos en territorio venezolano. Esos criminales no operan sólo en el occidente del país, que es ya algo “normal” desde hace más de 20 años, si no en plena capital. Carlos Ocariz incrementó su presencia en Petare, brindándoles protección y tolerancia a cambio de ser un aliado electoral. En los dos últimos procesos comiciales, muchos chavistas no pudieron salir a votar, pues estaban amenazados de muerte si lo hacían. El grupo delictivo conocido como los Urabeños es ya un elemento delictivo de primer orden en toda Caracas. Controlan negocios altamente lucrativos como la droga, la venta de armas y la fabricación de municiones. Manejan también, y a escala industrial, el secuestro y están comenzando una actividad que es económicamente poderosa en Colombia: la prostitución infantil.
Muy bien estuvo Jorge Giordani al denunciar la “evaporación” de 20 mil millones de dólares preferenciales entregados a empresas de maletín. Sin embargo, el señalamiento, hasta el sol de hoy, está incompleto. Hace falta saber cuáles eran esas empresas, quiénes sus accionistas y qué funcionarios son responsables de tan colosal daño a la nación. La cifra del daño patrimonial a la nación es brutal y no puede ser que quede impune. El Estado, el mismo Giordani, debe tener la respuesta a esas preguntas y el caso tiene que pasar, y rápidamente, al sector judicial penal.
Los pajúos como Tareck el Aissami y Soraya al Achkar, promotores de la ley desarme, muestran su condición pequeñoburguesa al intentar privatizar la seguridad. Sólo les falta que recomienden traer “contratistas como Blackwatter, la banda de asesinos que EEUU emplea para matar iraquíes. Una de las normas de esa ley antinacional contempla que las empresas privadas deben requisar a los ciudadanos. Así, el dueño de un burdel o un botiquín está facultado para tocar a las personas y ver si portan armas. Este fin de semana se vio el efecto de esa ley. Un funcionario del CICPC iba a entrar en un botiquín llamado “Asunción” en Sabana Grande. Un vigilante privado requisó al policía y le negó el acceso por ir armado. A partir de allí se prendió un pleito que culminó con la muerte del guachimán y la detención del policía. Qué clase de basuras pueden imponer una ley que faculta al dueño de un puticlub para jurungar a un ciudadano decente.
Dios los cría y ellos se juntan. Leocenis García no sólo actúa como brazo financiero de los pranes de Vista Hermosa y Tocuyito, si no que es empleado de un choro llamado César Camejo Blanco, capo de la intervenida Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo. A cambio de dinero, Leocenis García ataca en sus medios a todo el que no se pliega a los intereses del banquero prófugo. Aunque parezca increíble, Camejo pasó de vivir hasta comienzos de 2009 en un modesto apartamento en Montalbán, a una suntuosa quinta en el Country Club, que le vendió a Diego Arria por 6,5 millones de dólares. La fortuna de Camejo se basa en actuar como testaferro de Julio Herrera Velutini.
En la página www.albertonolia.com puede ver el artículo “PIERDE TU SEMESTRE, YA NOSOTRAS NOS GRADUAMOS!” de Luis Britto García. Un penetrante análisis de la politiquería en la vida universitaria.

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