Por
Manuel Rugeles A.
La entidad gubernamental colombiana denominada ‘Grupo de Memoria
Histórica’, entregó hace pocos días a Juan Manuel Santos, y también al país
(Colombia), un informe titulado “¡Basta ya!”, sobre la guerra y la
violencia en Colombia, cuantificadas y analizadas entre los años 1958 y 2012.
De acuerdo con las cifras se han producido 220.000 muertos, en su mayoría
civiles. Y se produjeron asesinatos ‘selectivos’ de 150.000
personas.
El informe igualmente registra casi 2.000 masacres,
más de la mitad de ellas cometidas por paramilitares, y
muchas de ellas pasaron inadvertidas, porque se cometían en
pueblos y caseríos alejados, contra pequeños grupos de personas, y
los periodistas no se tomaron la molestia de ‘reseñarlas’ o
no fueron enviados a registrarlas.
Expresa el informe del ‘Grupo de Memoria Histórica’
que han desaparecido 25.007 colombianos, que es una cifra
aparentemente exacta, pero que crece día a día, con las arremetidas
que continúan efectuando el ejército y otras fuerzas represivas, en
contra de campesinos, como ahora mismo está sucediendo en la región de El
Catatumbo, en el Departamento Norte de Santander, muy cerca de los límites con
Venezuela. La cifra de desaparecidos supera tres veces el número de
víctimas que de la misma forma dejaron de ser ciudadanos, en la época de
la dictadura en Argentina. Y aunque algunos depósitos de cadáveres se han
encontrado gracias a denuncias de la ciudadanía, estas desapariciones se
perpetraron tirando cadáveres a los ríos, enterrándolos en fosas comunes
y hasta cremándolos completamente -para no dejar huellas-,
en hornos construidos de manera artesanal por los paramilitares.
Esta entidad gubernamental afirma en su trabajo de
investigación -que les ocupó seis años-, que en ese mismo lapso,
27.023 personas fueron secuestradas por ‘culpa’ del conflicto armado
(prisioneros de guerra, soldados, policías, uno que otro ‘político’ declarado
objetivo militar, extranjeros involucrados o no en la guerra, etc.), y que casi
siempre fueron grupos guerrilleros los que cometieron este delito.
El informe también revela que los desplazados de sus lugares de
residencia, de sus casas, pueblos y regiones,
alcanzan un número entre cuatro y seis millones de personas, quienes
tuvieron que abandonar sus predios y bienes materiales, para por lo menos
proteger sus vidas. Como consecuencia de esto, se habla de que se
‘perdieron’ más de seis millones de hectáreas, que en la mayoría de los casos
fueron a engrosar los patrimonios de los criminales que atropellaron a la
gente.
Dentro de los términos de la violencia, cuenta el informe
que 1.754 mujeres sufrieron agresiones sexuales, número que -tal vez,
o, seguramente-, se queda corto, en vista de que muchos
crímenes de este tipo no son denunciados. Narra también el informe que
5.156 niños y niñas, ingresaron de diversa formas al conflicto, convirtiéndose
en combatientes. Algunos han muerto en combates, otros permanecen
en las organizaciones militares populares y algunos hasta se han
hecho adultos viejos en la guerra.
Como es bien sabido que muchos campos de Colombia han sido
minados, se estima que 10.189 personas murieron víctimas de estos
artefactos, y por lo menos otros 8.000 muestran
desgarramientos y miembros amputados, que los han discapacitado para una
vida normal.
Como el informe es hecho desde una entidad gubernamental,
pareciera que le ‘cargan la mano’ a los ejércitos de liberación nacional
(FARC-EP y ELN), al afirmar que esos grupos en armas ‘destruyeron
pueblos, escuelas y hospitales’, pero sobre todo cuando colocan
expresiones como que los ataque ‘siguen’ aunque se están produciendo ‘diálogos
de paz’ (en La Habana, Cuba). Pero los que venimos haciéndole seguimiento
a estos diálogos somos testigos de que la tregua bélica, propuesta por esos
grupos en armas, no fue aceptada por los negociadores oficiales,
contratados por el gobierno de Santos.
Lo peor es que por el bando contrario, el informe cuenta
que los paramilitares se rearmaron (lo dan como un hecho), y
hoy las amenazas, las extorsiones y el sicariato,
campean ‘por la libre’ en la mayor parte del territorio
colombiano.
La enorme desgracia es que casi todos los que sufren la guerra,
son civiles. Y que este conflicto, como innumerables guerras
-civiles o no-, a través de la historia contemporánea,
responde a intereses diversos -económicos, políticos y
militares-, auspiciados por maquinarias maléficas que desprecian a
nuestros pueblos y atizan la guerra de mil formas, porque
resulta que para el gran ‘policía’ del mundo, el imperio más criminal e inmoral
del que tengamos memoria, la guerra es un negocio que siempre los ha
ayudado (o al menos eso creen) a sacarlos de las crisis recurrentes que los
agobian de tanto en tanto.
El otro colmo, desde el punto de vista regional, es
que en ese país hermano, como en el nuestro (Venezuela), existen
personas desalmadas, sin el menor sentido ni sentimiento de patria,
que avalan esas prácticas y hasta desean que el imperio
también nos dedique un tiempito ‘con seriedad’, y nos
‘monte’ una guerra similar.
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