En CIVETCHI, una empresa mixta (51%
Estado, 49% Flavio Falsiroli)
EL ESTADO FUNCIONA DE LA FORMA MÁS
ABERRANTE A FAVOR DEL SOCIO PRIVADO
Por Opción Obrera
Los
trabajadores imputados fueron trasladados desde el 2 de septiembre a la cárcel
de Tocuyito. Hace ya 4 meses que fueron detenidos por parte del SEBIM ocho
trabajadores de CIVETCHI, seis de ellos despedidos injustificadamente con orden
de reenganche y otros dos activos. Toda una tramoya orquestada entre Flavio
Falsiroli y el SEBIM para imputarlos de extorsión al negociar el retiro de la
empresa.
El origen de
todo reside en el planteamiento manifestado por los trabajadores de organizarse
en un sindicato con el cual luego pudieran discutir una contratación colectiva
que les favoreciera a todos, además que subsanara las obvias condiciones de
trabajo que no se ajustaban a lo establecido en ley.
Desde principios del año pasado los trabajadores presentaron el anteproyecto de
organización sindical. Por dos veces la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga
los mandó a “subsanar”. Al presentarlo por tercera vez y resultar en las
mismas, el proyecto fue anulado. En realidad lo que había era una negativa a
aprobarles la matrícula del sindicato porque el patrono Falsiroli, apoyándose en
instrucciones emanadas desde el Ministerio de Industrias, exigía que tal cosa
no ocurriera.
Los
trabajadores de CIVETCHI fueron extorsionados de manera continua y reiterada
por las instituciones del trabajo y el patrono. Tres trabajadores que habían
firmado el proyecto de organización sindical, algo que el patrono no debería
tener acceso, fueron despedidos injustificadamente como demostración de fuerza
por parte de Falsiroli para impedir, siguiendo órdenes del Estado, que se
reconociera el sindicato. Luego de la detención de los otros ocho, esos tres
fueron reenganchados por orden de la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga
después de casi un año de espera.
Ante todo
eso ni Laura Franco, reconocida dirigente del PSUV en Carabobo y directiva de
la empresa por parte del Estado, ni Carlos Farías, de CORPIVENSA, la empresa
creada por el Estado para administrar su parte en las empresas mixtas, fijaron
posición alguna respecto a los derechos claramente establecidos en la vigente
LOTTT respecto a la organización sindical que se planteaban los trabajadores,
por el contrario, avalaron y hasta influyeron para que se pudiera usar toda la
fuerza coercitiva del Estado para impedirlos.
La denuncia
de extorsión la hace Flavio Falsiroli ante el SEBIM luego de haberse reunido
con los seis trabajadores despedidos injustificadamente y con orden de
reenganche en al aeroclub de Valencia, cuatro de ellos de la directiva del
sindicato negado. Allí reunidos, Falsiroli les comenta que desde el gobierno no se quiere un
sindicato en la compañía, que por el contrario, el gobierno lo que quiere es un
consejo de trabajadores y por tanto la orden que él tiene es la de “acabar” con
el sindicato, haciendo aclaratoria que “acabar” significa hacer todo lo que
esté en sus manos para que no exista el sindicato. Adicionalmente, que
cualquier negociación a la que pudieran llegar con los trabajadores también
debía incluir a los otros dos que ya no integraban la directiva del sindicato,
pero que para Falsiroli era punto de honor sacarlos de la empresa por ser
“cabecillas” intelectuales del mismo y su presencia en ella no le garantizaba
que luego volvieran a reclamar por el sindicato. Los supuestos “extorsionadores”
terminan siendo extorsionados por Falsiroli.
Es en esas
condiciones que los trabajadores hostigados por intentar constituir un
sindicato y despedidos injustificadamente de la empresa, aceptaron negociar
para desistir del mismo e irse de la empresa. En apenas 24 horas, luego de la
“reunión” con Flavio Falsiroli, éste y el SEBIM cuadran la tramoya para detener
en flagrancia a los ocho trabajadores que el patrono no quería en la empresa
por haberse atrevido a organizar un sindicato. El armado de la misma hacía rato
que venía siendo preparada. Los trabajadores claudican ante el poder del
patrono privado y del Estado, renunciaron a la lucha y a cambio negociar. Lo
que no previeron fue la habilidad del comerciante en reembolsarse el dinero de
la negociación, con la anuencia del Estado.
El patrón
privado hace su labor y los accionistas mayoritarios del gobierno, CORPIVENSA,
delegan en él su buen desempeño. La legislación laboral y el derecho a la
sindicalización es una ilusión pues el Estado no garantiza ese derecho, menos
si se trata de una empresa mixta. Desde CORPIVENSA se giran las instrucciones
para impedir la organización sindical y a cambio arman ellos un “consejo de
trabajadores” sujeto a los límites que les quieran imponer que incluyen la
ausencia de una contratación colectiva y la garantía para ambos patronos, el
público y el privado, de la mayor plusvalía posible a ser extraída con la
explotación legalizada tras el rimbombante nombre de “Empresa Socialista”.
Que la
justicia coloque su grano de arena no es extraño. El día de la audiencia que
definiría el ir o no a juicio, 4 largos meses después de la audiencia de
presentación, resultan conminados por la juez a declararse culpables, cosa que
rechazan. Al día siguiente se libra la boleta para su encarcelamiento en el
penal de Tocuyito, el apagón nacional de ese día no impide el apresuramiento en
conseguirla, sí lo hace con el acta definitiva que permita a la defensa la
apelación. El juicio, que debiera darse en un plazo definido, dependerá de
cuándo al juez le convenga hacerlo.
La moral
burguesa indicaría hacerse los indiferentes con los trabajadores presos. La
moral de la clase trabajadora sabe que, aún y habiendo claudicado ante el
patrono, es aberrante que paguen con la cárcel porque fue el Estado quien les
negó el derecho a la organización sindical y a la par los conminó a entregarse
al patrono para que éste fuese quien los extorsionara.
Los
trabajadores de CIVETCHI, ahora presos en Tocuyito, requieren de la mayor
solidaridad que se les pueda brindar para conseguirles su libertad. Una campaña
nacional que vuelque a la opinión pública la realidad de los hechos es
imprescindible acometerla. Llamamos a todas los colectivos sociales,
organizaciones políticas y de derechos humanos, medios comunitarios y alternativos,
a difundir este comunicado o cualquier otro que en la medida de esta campaña
solidaria con los trabajadores presos de CIVETCHI salga a la luz pública.
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